LA JUNTA DETECTA CASI 300 VIVIENDAS PÚBLICAS OCUPADAS DE FORMA IRREGULAR IDEAL.ES

Imagen de la calle Casería de Aguirre, en la que hay dos bloques de pisos de la Junta de Andalucía. 

• Tan sólo en Granada capital hay 600 familias con recursos limitados que están en lista de espera para poder acceder a un inmueble

La Junta de Andalucía ha detectado en Granada situaciones irregulares en 292 viviendas de su parque público. 115 de ellas se encuentran en la Zona Norte de la capital. La consejería de Fomento y Vivienda ha decidido poner pie en pared contra la ocupación irregular que se produce en estas viviendas, especialmente, porque tan sólo en la capital hay 600 familias con recursos limitados en lista de espera para poder acceder a un piso de estas características.

Son las cartas de desalojo que la Junta ha remitido, el resto, son para regularizar procesos de alquiler

El alquiler de una vivienda pública en Granada es de los más bajos, con una renta media de 33 euros al mes

A través del Plan Estratégico para la mejora de la Gestión y el Control del parque público, la administración andaluza ha analizado la realidad de las viviendas que tiene, especialmente, las de régimen de alquiler y ha descubierto que se incumplen todos los parámetros en un 6,9% de ellas. Es decir, «que están ocupadas por familias que carecen del correspondiente título de adjudicación y se han ocupado sin autorización de la titular de los inmuebles», detalla la Junta en su informe del plan de control.
Una de las consecuencias de este análisis detallado ha motivado que a la Zona Norte empiecen a llegar cartas. Siete de ellas, de desalojo -por incumplimiento de los requisitos para ocuparlas- y 147 que llama a las familias para regularizar la situación de alquiler, pero no se trata de avisos de desalojo. La delegada de Vivienda en Granada, Mariela Fernández Bermejo, aclara que la Junta debe velar por todas las familias no puede perjudicar «al que es débil y, además, está haciendo las cosas bien». Niega, por tanto, que la Junta vaya a dejar en la calle a familias que realmente se encuentren en una situación de necesidad, pero alerta que serán contundentes en aquellos casos en los que se tenga constancia de que «la familia tenga otro inmueble o de que en la vivienda se produzcan situaciones ilegales».

Coordinación institucional

Desde el área de Vivienda en Granada se indica que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha recuperado en estos dos ejercicios 305 inmuebles (por renuncias, fallecimientos, por no estar ocupadas o hacer mal uso). Esta disposición de pisos ha facilitado que durante este periodo 17 familias propuestas por los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda hayan podido acceder a una vivienda protegida de alquiler en la provincia de Granada cada mes. La delegada manifiesta que la coordinación entre Ayuntamiento y Junta tiene que ser férrea «ya que aunque la Junta tenga el parque de viviendas, los registros de demandantes los tiene el Ayuntamiento, por eso la idea es que las viviendas las tengan las familias que realmente lo necesitan».
Desde la administración se insiste en que no se realizarán desahucios en la Zona Norte y que todos los casos se valoran uno a uno. Así, sólo cuando se detecta una situación irregular se inicia es un expediente de recuperación de la propiedad. «No queremos que se haga demagogia y se engañe con este tema porque lo único que estamos haciendo es regularizar una situación».

«No se puede perjudicar a la familia que es más débil y, además, hace las cosas bien»

Fernández Bermejo especifica que tanto los técnicos de la AVRA -que se han ampliado a un equipo de 14 personas- como los técnicos de servicios sociales municipales trabajan juntos para tratar los casos más delicados y ofrecer ayuda en el caso de las familias que no puedan abonar las cuantías del alquiler.
Por eso, según la delegación, las cartas llegan a los inquilinos que «llevan mucho tiempo sin pagar y que no justifican su morosidad ni acreditan una situación de precariedad o vulnerabilidad y, por tanto, pueden afrontar el pago de dichas rentas» Especialmente, cuando el alquiler de una vivienda pública en Granada es de las más bajas de España, con una renta media de 33 euros mensuales.

Ayudas

Tanto Junta como Ayuntamiento cuentan con programas sociales que favorecen el acceso y mantenimiento de la vivienda a familias vulnerables. Entre 2015 y 2016 se han tramitado 367 expedientes a través del Programa de Ayuda al Inquilino. Este plan ha permitido aminorar rentas a las familias beneficiadas por un importe e 358.803 euros, que se traduce en que veinte familias han contado cada mes con esta ayuda social y reducido en un 59% el coste del alquiler su alquiler.
El control de viviendas que se está realizando en Granada se ha expandido a todo el mapa andaluz donde ya se han mirado con lupa el 90% de las 84.343 viviendas públicas que tiene la Junta.