LA JUNTA DETECTA CASI 300 VIVIENDAS PÚBLICAS OCUPADAS DE FORMA IRREGULAR IDEAL.ES
Tan sólo en Granada capital hay 600 familias con recursos limitados
que están en lista de espera para poder acceder a un inmueble
La Junta de Andalucía ha detectado en Granada situaciones irregulares
en 292 viviendas de su parque público. 115 de ellas se encuentran en la
Zona Norte de la capital. La consejería de Fomento y Vivienda ha
decidido poner pie en pared contra la ocupación irregular que se produce
en estas viviendas, especialmente, porque tan sólo en la capital hay
600 familias con recursos limitados en lista de espera para poder
acceder a un piso de estas características.
A través del Plan Estratégico para la mejora de la Gestión y el
Control del parque público, la administración andaluza ha analizado la
realidad de las viviendas que tiene, especialmente, las de régimen de
alquiler y ha descubierto que se incumplen todos los parámetros en un
6,9% de ellas. Es decir, «que están ocupadas por familias que carecen
del correspondiente título de adjudicación y se han ocupado sin
autorización de la titular de los inmuebles», detalla la Junta en su
informe del plan de control.
Una de las consecuencias de este análisis detallado ha motivado que a
la Zona Norte empiecen a llegar cartas. Siete de ellas, de desalojo
-por incumplimiento de los requisitos para ocuparlas- y 147 que llama a
las familias para regularizar la situación de alquiler, pero no se trata
de avisos de desalojo. La delegada de Vivienda en Granada, Mariela
Fernández Bermejo, aclara que la Junta debe velar por todas las familias
no puede perjudicar «al que es débil y, además, está haciendo las cosas
bien». Niega, por tanto, que la Junta vaya a dejar en la calle a
familias que realmente se encuentren en una situación de necesidad, pero
alerta que serán contundentes en aquellos casos en los que se tenga
constancia de que «la familia tenga otro inmueble o de que en la
vivienda se produzcan situaciones ilegales».
Coordinación institucional
Desde el área de Vivienda en Granada se indica que la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha recuperado en estos dos
ejercicios 305 inmuebles (por renuncias, fallecimientos, por no estar
ocupadas o hacer mal uso). Esta disposición de pisos ha facilitado que
durante este periodo 17 familias propuestas por los Registros
Municipales de Demandantes de Vivienda hayan podido acceder a una
vivienda protegida de alquiler en la provincia de Granada cada mes. La
delegada manifiesta que la coordinación entre Ayuntamiento y Junta tiene
que ser férrea «ya que aunque la Junta tenga el parque de viviendas,
los registros de demandantes los tiene el Ayuntamiento, por eso la idea
es que las viviendas las tengan las familias que realmente lo
necesitan».
Desde la administración se insiste en que no se realizarán desahucios
en la Zona Norte y que todos los casos se valoran uno a uno. Así, sólo
cuando se detecta una situación irregular se inicia es un expediente de
recuperación de la propiedad. «No queremos que se haga demagogia y se
engañe con este tema porque lo único que estamos haciendo es regularizar
una situación».
Fernández Bermejo especifica que tanto los técnicos de la AVRA -que
se han ampliado a un equipo de 14 personas- como los técnicos de
servicios sociales municipales trabajan juntos para tratar los casos más
delicados y ofrecer ayuda en el caso de las familias que no puedan
abonar las cuantías del alquiler.
Por eso, según la delegación, las cartas llegan a los inquilinos que
«llevan mucho tiempo sin pagar y que no justifican su morosidad ni
acreditan una situación de precariedad o vulnerabilidad y, por tanto,
pueden afrontar el pago de dichas rentas» Especialmente, cuando el
alquiler de una vivienda pública en Granada es de las más bajas de España, con una renta media de 33 euros mensuales.
Ayudas
Tanto Junta como Ayuntamiento cuentan con programas sociales que
favorecen el acceso y mantenimiento de la vivienda a familias
vulnerables. Entre 2015 y 2016 se han tramitado 367 expedientes a través
del Programa de Ayuda al Inquilino. Este plan ha permitido aminorar
rentas a las familias beneficiadas por un importe e 358.803 euros, que
se traduce en que veinte familias han contado cada mes con esta ayuda
social y reducido en un 59% el coste del alquiler su alquiler.
El control de viviendas que se está realizando en Granada se ha
expandido a todo el mapa andaluz donde ya se han mirado con lupa el 90%
de las 84.343 viviendas públicas que tiene la Junta.
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