LAS PESQUEIAS FINANCIERAS LLEVAN AL EDIFICIO DE TORRES HURTADOS Y NIETO GRANADA HOY

• La Policía investiga el bloque de pisos promovido por ellos y sus familiares en Obispo Hurtado, después de un acuerdo para adquirir el suelo con las religiosas del colegio aledaño
  

La larga investigación del caso Nazarí se encauza hacia el rastro del dinero y a su vinculación con la construcción del edificio número 8 de la calle Obispo Hurtado, un bloque de pisos recién levantado por una comunidad de propietarios formada en su mayor parte por el exalcalde, José Torres Hurtado, la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y sus familiares directos e indirectos. Los dos principales investigados en esta causa comparten vecindad en este inmueble.

El Expediente Obispo, como lo ha llamado la Policía, es uno de los ocho casos urbanísticos investigados por supuestas irregularidades. A diferencia de los demás asuntos, en este caso no se indaga sobre los beneficios que podría haber obtenido un empresario gracias a las decisiones municipales. La Policía sospecha que eran los máximos dirigentes políticos del Ayuntamiento los que en esta ocasión salieron beneficiados de las decisiones adoptadas por el Consistorio.

Además, hace unos días la Policía remitió a la jueza una petición para que le autorice a indagar más en las cuentas bancarias relacionadas con Isabel Nieto, al detectar movimientos de fondos en una cuenta a nombre de su madre, que tendría relación con el pago de su aportación a la promoción del edificio de Obispo Hurtado.

En su declaración judicial, el exalcalde fue preguntado sobre este asunto y confirmó que tanto él como otros familiares suyos (hija, hermanos y sobrinas) tienen pisos en el mismo edificio y en algunos casos viven allí.

La parcela donde se levantó el edificio formaba parte originalmente de la propiedad eclesiástica de la Congregación Siervas del Evangelio, que mantienen un colegio allí al lado. Se reordenó este espacio, se abrió una calle y quedó libre una parcela de 462 metros a la que se le atribuyó uso residencial, que fue comprada por la familia de Torres Hurtado, Nieto y resto de integrantes de la Comunidad de Propietarios formada para esta promoción.

Hubo un acuerdo con las religiosas de cesión de suelo "por obra o urbanización futura", lo que significa que los promotores solo tuvieron que pagar en metálico a la Congregación una pequeña cantidad de casi 90.000 euros, frente a los 3,5 millones en los que se valoró la cesión. El acuerdo se formalizó el 31 de diciembre de 2012.

La fiscal del caso, Sara Muñoz Cobo, quiso indagar en el declaración de Torres Hurtado sobre el origen de estos suelos y le preguntó sobre la recalificación de los terrenos que eran de uso dotacional (educativo) y la expropiación para la apertura de la calle. El exalcalde aseguró que desconocía los detalles porque todo eso era muy antiguo.

Entre los adquirientes del suelo que figuran en aquella escritura están el exalcalde y su esposa, la hija y el yerno de ambos, varios sobrinos y algunas de sus parejas, Isabel Nieto y su marido y la constructora Etosa, que fue la encargada de hacer la obra y se reservó un pequeño porcentaje.

Se hizo una división horizontal de la propiedad entre todos los participantes en base a la futura construcción de un edificio de 12 viviendas. La Policía en su informe llama la atención al respecto, pues el inmueble finalmente tendría 17 viviendas.

Los investigadores dan cuenta a la jueza también de los préstamos hipotecarios que suscribe cada uno de los intervinientes en relación a su participación. Ahí consta la hipoteca de 280.000 euros firmada por Isabel Nieto con BMN y que luego liquidaría con un dinero prestado por su madre, según explicó en su propia declaración. La Policía indaga ahora en esa relación del dinero entre sus cuentas y las de su madre.

El informe policial también hace constar que no aparecen hipotecas específicas de esta promoción a nombre de Torres Hurtado. Entre las pesquisas realizadas antes de las detenciones del pasado 13 de abril hubo labores de vigilancia a los exediles y sus familiares en la puerta de este edificio.

Desde el punto de vista urbanístico, la investigación se centra también en las irregularidades que se cometieron en la construcción del inmueble y que fueron puestas de relieve por un técnico municipal al hacer una inspección. Al parecer, los techos de los pisos no llegaban a la altura mínima exigida en la normativa vigente. A pesar de ello, el inmueble fue legalizado en base a un criterio llamado "principio de proporcionalidad" que los propios técnicos advirtieron que se aplica de forma "excepcional". Para dar el visto bueno se consideraba que las disconformidades no eran sustanciales.

Esta irregularidad fue objeto de un expediente de disciplina urbanística y la sanción fijada por el técnico en un primer momento llegó a los 489.000 euros. Pero en sucesivos informes se fue rebajando esta cantidad por diferentes motivos hasta rondar los 60.000 euros.