LAS UNIVERSIDAD RECIBEN 30 MILLONES PARA CONTRATAR INVESTIGADORES GRANADA HOY
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El nuevo acuerdo de financiación establece transferencias fijas para planes de excelencia, infraestructuras e investigación
Más
transferencias fijas y menos convocatorias y subvenciones. La Junta de
Andalucía plantea para el próximo año un nuevo acuerdo de financiación
para las universidades públicas andaluzas que otorgue una mayor "certeza
y seguridad" a las instituciones académicas y que sus recursos no
dependan de las subvenciones. Con este nuevo sistema, el Ejecutivo
andaluz quiere paliar los retrasos en los pagos que han provocado estos
años los complejos trámites burocráticos y que, según el consejero de
Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, han acabado
colapsando el sistema.
El nuevo acuerdo plantea para el próximo año una
transferencia de 30 millones de euros para la contratación de
investigadores, tanto de técnicos como de becarios. Hasta ahora, las
partidas presupuestarias para investigación se repartían entre las
universidades a través de convocatorias competitivas. Con el nuevo
planteamiento, habrá una partida fija de 40 millones que se repartirán
entre las nueve universidades públicas andaluzas, 30 millones para la
contratación de personal y otros 10 millones para ayudas a los grupos de
investigación.
Aún no está decidido cómo se va a repartir los
fondos, pero el consejero advierte que primarán los méritos académicos y
científicos. "Si una universidad tiene mejores investigadores que otra,
la primera se llevará más recursos", subraya Ramírez de Arellano.
Además de esta transferencia, las universidades
podrán optar a las convocatorias del Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (Paidi 2020), que se presentó en marzo en el
Palacio de San Telmo. Este plan incluye, entre otras cuestiones,
convocatorias por valor de otros 30 millones de euros para fomentar el
papel de los jóvenes investigadores.
El modelo de financiación actual se aprobó en 2007
por un período de cinco años. Este sistema de reparto de los fondos
públicos se ha prorrogado durante cinco años más como consecuencia de la
crisis y a pesar de que la situación de las universidades ya no era la
misma que hace diez años. El objetivo, según la Junta, era "asegurar los
fondos públicos comprometidos y paliar la merma de recursos públicos y
privados".
En los últimos meses, los rectores de las
universidades públicas andaluzas han reclamado en reiteradas ocasiones
un sistema más "equitativo" y "realista". La Pablo de Olavide (UPO) ha
sido una de las instituciones académicas más críticas. Su rector,
Vicente Guzmán, ha asegurado en numerosas ocasiones que este modelo ha
perjudicado a la universidad que dirige. Para Guzmán, el modelo vigente
"no ha garantizado ni garantizará, conforme a sus criterios generales de
reparto, la suficiente financiación para la UPO, sobre todo teniendo en
cuenta que su necesidad de crecimiento y consolidación era y es mayor
que la de aquellas universidades ya consolidadas".
El consejero asegura que "la idea" es que el nuevo
acuerdo "esté listo antes de final de año". "El modelo vigente no ha
sido malo. Ha habido dificultades y desajustes, como la distribución
entre las universidades, que hay que analizar, pero ha sido suficiente.
El capítulo correspondiente a los gastos generales y al personal estaban
cubiertos", dice Ramírez de Arellano. "Sí es cierto que tenemos que dar
certidumbre y que el nuevo modelo debe permitir a las universidades
saber cuánto van a recibir, no depender de las subvenciones y reducir
las trabas burocráticas para que no estemos todos aplastados por una
montaña de papeles".
Hasta ahora, el sistema incluía una financiación
operativa, para cubrir los gastos generales y de personal, y otra para
planes de apoyo. Ambas se realizaban a través de transferencias, es
decir, las instituciones conocían con certeza la cantidad que iban a
recibir. También había un conjunto de partidas que se repartían a través
de convocatorias competitivas, como las inversiones en investigación e
infraestructuras.
El nuevo sistema plantea una financiación operativa,
planes de apoyo y excelencia, una financiación básica de
infraestructuras y otra de investigación. Todas ellas se realizarán a
través de transferencias. Según el presupuesto de 2017, la parte
operativa ascenderá a 1.167 millones de euros, casi 20 millones más que
el año anterior. Para infraestructuras habrá 40 millones, de los cuales,
una parte se destinará a compromisos pasados que están en ejecución, y
otros 40 millones para investigación. Los planes de apoyo y excelencia
suben también y pasan de 36 millones a 47 millones de euros.
"Aunque el presupuesto general sólo sube un 1,6% con
respecto a 2016, los detalles importantes como la investigación y los
planes de excelencia se han incrementado en un 9% y en un 30%", anota
Arellano. "Aumentando las transferencias y reduciendo las convocatorias,
las universidades ganan en certeza y se agilizan los trámites
burocráticos. Para mí, esas son las claves fundamentales".
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